En su intervención durante el debate en la Cámara Baja, el diputado del PP Francisco Vañó afirmó que, aunque las medidas propuestas “son loables en cuanto a sus fines”, es necesario analizar la situación “en un contexto global”. En este sentido, aseguró que la proposición “va en contra de la igualdad de acceso” en la contratación pública. Además, consideró que éste “no es el momento” para plantear esta medida, ya que “de forma inminente” se va a iniciar “la transposición de la normativa europea” en esta materia.

 

Mientras, Carles Campuzano, portavoz de CiU, defendía su propuesta subrayando que el objetivo era el de promover la contratación pública responsable y facilitar el empleo de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. La proposición argumentaba en su exposición de motivos que la contratación pública debería ser una herramienta más para conseguir los objetivos de los poderes públicos, porque “puede y debe contribuir” a avanzar en logros sociales y medioambientales.

 

 

“A pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia”, dice CiU , partidaria de no transferir fondos públicos a empresas “que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo”. 

 

Campuzano hizo especial hincapié en el cumplimiento de la cuota del 2% en la reserva de empleo a personas con discapacidad. En este sentido, la iniciativa presentada por su partido defendía que se obligue a las empresas a acreditar el cumplimiento de esta cuota. Según el portavoz de CiU, éste puede parecer un “pequeño cambio” pero en la actualidad, aunque las empresas están obligadas a cumplir con esa cuota, no están obligadas a acreditarlo”.

 

También defendió la obligación de cumplir con este requisito para optar a un concurso público, ya que asegura que sería “un escándalo” que se permitieran estos contratos. 

 

Por su parte, la diputada del PSOE Meritxell Batet sostuvo que ésta es una “medida innovadora” que “repercutirá en la competitividad de las empresas”. Asimismo, defendió que la Administración “debe estar al frente de los avances en relación con el empleo de discapacidad y la promoción de la responsabilidad social empresarial”. Y añadió que "parece lógico primar a quienes sustentan y cumplen con el modelo empresarial que se quiere promover, como se hace por ejemplo con la I+D”.

 

Emilio Olabarria, por parte del PNV, calificó la propuesta de "razonable y, sobre todo ética" e instó a los 'populares' a replantearse su postura y apoyar la tramitación de la iniciativa, preguntándose por las razones que podrían justificar una negativa.

 

Joan Tardà, de ERC, coincidió en que "no se debe contratar con las empresas que ofrecen mejor precio sino con las que ofrecen mayor beneficios sociales" por lo que es "imprescindible" incluir cláusulas en los contratos y condicionar las subvenciones a condiciones sociales.

 

 

El CERMI, por su parte, considera incomprensible e injustificable la negativa del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados a tomar en consideración la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán–CiU.

 

Con la oposición popular, evidenciada en la votación que se produjo en el Congreso de los Diputados, se frustra una iniciativa legislativa "oportuna y necesaria" a juicio del CERMI, "que promueve objetivos sociales como el empleo, la inclusión y la accesibilidad, y que fue apoyada por el resto del arco parlamentario y tenía el respaldo firme de las entidades más representativas de la sociedad civil organizada".

 

A juicio del CERMI, había llegado la hora de las cláusulas sociales en toda su extensión y alcance, “pues se trata de medidas de política pública que sin incremento del gasto generan y extienden bienes sociales para grupos en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, entre otros".

 

Las cláusulas sociales están amparadas por la normativa europea, tal y como explica el CERMI, y no alteran ni entorpecen la libre competencia, sino que son un "genuino instrumento de política social", que el Estado español no está usando en toda su potencialidad por adolecer de una legislación inadecuada y escasamente ambiciosa en este ámbito.

 

Con la toma en consideración de esta iniciativa legislativa de CiU, se habría abierto una reforma normativa de crucial importancia "para luchar contra los efectos devastadores de la exclusión y la pobreza, usando con inteligencia y sentido social la contratación pública".

 

 

Distintas organizaciones han expresado su respaldo a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración Pública. Entre quienes se han mostrado a favor de esta iniciativa figuran el CERMI, Forética, el Observatorio de RSC, la Plataforma de ONG del Tercer Sector y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

 

Germán Granda, director general de Forética, considera “muy positiva” la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración Pública como una vía para incentivar comportamientos responsables por parte de las empresas que quieran acceder a los mismos.

 

En términos parecidos se pronuncia Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, quien afirma que la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública supone “no solamente una necesidad social, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia y elevar la competitividad de nuestra economía y de las empresas”.

 

Para la Plataforma del Tercer Sector, la aprobación de esta medida serviría al fomento de la cohesión social, además de suponer un “avance importante” en la eliminación de desigualdades a la hora de acceder a un empleo, especialmente para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.

 

 

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, aseguraba que “esta iniciativa responde a una demanda histórica de las organizaciones de Economía Social”. Para Pedreño, esta iniciativa era “acertada y oportuna, ya que persigue que las empresas con un alto valor añadido para la sociedad tengan un derecho preferente en el acceso a la contratación pública”.

 

Pedreño resaltó que “esta iniciativa tiene que ser más ambiciosa y convertirse en una excelente oportunidad para que los grupos parlamentarios incluyan más elementos de la responsabilidad empresarial en los pliegos de la contratación pública”. La exposición de motivos de la proposición de ley de CiU recuerda algunas de las conclusiones de la Subcomisión de Responsabilidad Social del Congreso de los Diputados, las cuales deben contemplarse y regularse en la contratación pública. Criterios ya consolidados como la transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de otros colectivos en exclusión, así como el consumo sostenible, son elementos que, según Cepes, deben incorporarse en los pliegos de la contratación pública.

 

A juicio de Pedreño, estos criterios, junto con otros como la creación y mantenimiento del empleo o la apuesta por la contratación indefinida, deben ser elementos a tener en cuenta en los pliegos que regulen la contratación pública. “Estaríamos no solo ante un gran avance legislativo ambicioso, sino que, además, se estarían reforzando los trabajos de la Estrategia Nacional de RSE, que está a punto de culminar sus trabajos. España se colocaría a la bandera en estos debates, tan importantes para la sociedad, que cada vez más demanda un modelo de empresas con valores".

 

 

Aunque algunas administraciones autonómicas y locales ya han tomado medidas en ese sentido, CiU percibe “algunas dificultades” en el caso de la Administración General del Estado.

 

El portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, defendió en el Pleno la tramitación de esta para incluir esas ‘cláusulas sociales’ en la contratación pública. Con ello se pretendía que la Administración pública favorezca la contratación de aquellas empresas que apuesten por la igualdad y la integración social promoviendo la empleabilidad de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social, y que sean respetuosos con el medio ambiente, tal y como ya se viene haciendo por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Con esta Ley, el parlamentario de CiU quería que en la contratación pública se tenga en cuenta si el adjudicatario contribuye a conseguir objetivos sociales y está comprometido con las personas más desfavorecidas.

 

Con este propósito, se fijaba por Ley que, previamente a la concesión de contratos públicos, se observe si el interesado no solo cumple con la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad, sino que lo acredite, a fin de favorecer la integración de los trabajadores con discapacidad.

 

En la Proposición de Ley de CiU se planteaba incorporar criterios de adjudicación de carácter social para beneficiar a la población más desfavorecida, así se valoraba el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarían el contrato, la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la propuesta técnica de las prestaciones a contratar, el porcentaje de plantilla indefinida que ejecutaría la prestación contractual, o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otras cuestiones.

 

En su iniciativa parlamentaria, Campuzano proponía asimismo que se reserve el 7% del importe total anual destinado contratación pública a conciertos con Centros Especiales de Empleo, cuando el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y a Empresas de Inserción cuando al menos el 30% de los trabajadores sean personas en situación o riesgo d exclusión social.

 

Además, la Ley que CiU sometió a votación en el Pleno establece como condición para la percibir subvenciones públicas cumplir con la reserva del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, tal y como establece la Ley, y acreditarlo en su caso.